De la farola apagada al registro de entrada

Pongamos un caso inventado, pero corriente: una calle lleva tres meses con cuatro farolas apagadas. Se comenta en el portal y en el grupo de mensajes. Todo el mundo tiene razón y nadie tiene respuesta, porque nadie ha preguntado todavía a quien debe darla.

Primero, los hechos. Qué farolas, desde qué fecha, con qué fotos. Se separa lo visto de lo oído. Después, la compañía: una vecina tiene un problema; veinte firmas tienen un asunto público. Basta una hoja en el portal con nombre, documento y firma.

Tercero, a quién le toca. El alumbrado público es un servicio que todo municipio debe prestar, sea cual sea su tamaño. El destinatario es, por tanto, el ayuntamiento. Pedírselo a otra administración es la manera más frecuente de perder un trimestre.

Cuarto, la frase. Una petición cabe en una línea que cualquiera podría firmar: «Que se reparen las cuatro farolas de la calle antes del cambio de hora de octubre y se nos comunique la fecha prevista». Tiene objeto, tiene fecha y se puede comprobar.

Quinto, el registro. El derecho de petición permite dirigirse por escrito a cualquier institución, a título individual o colectivo. El escrito debe llevar esto:

• La identidad de quien pide y un lugar o medio para recibir la respuesta.
• El objeto de la petición: la frase anterior, con los hechos y las fotos.
• El destinatario: en este caso, la alcaldía.

A partir del sello de entrada, corre el plazo. La administración debe acusar recibo en diez días y contestar en un máximo de tres meses, con sus razones. Si no es competente, debe remitir el escrito a quien lo sea en diez días y avisarte.

Dos herramientas acompañan a la petición. Antes: una solicitud de información pública, para saber si existe un contrato de mantenimiento y qué dice; la respuesta debe llegar en un mes. Después, si nadie contesta: una queja al Defensor del Pueblo o a su equivalente autonómico, que es gratuita.

Ningún trámite garantiza el resultado. Garantiza que alguien, con nombre y cargo, tenga que responder. Esto es orientación general, no asesoría jurídica: cada ayuntamiento tiene además su propio reglamento, y conviene leerlo.